Otra historia de travestis y policías

Por Bruno Bimbi

Crítica Digital del 18 de Octubre de 2009
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Johana. Después de pasar un mes en una comisaría, le diagnosticaron tuberculosis en un hospital.

La familia de una travesti detenida denuncia falta de asistencia médica y tratos denigrantes.
Cuando en una historia hay travestis y policías, los relatos son siempre contradictorios. Si algo se repite, sin embargo, es que en las historias de travestis siempre, en algún momento, hay policías. Y que la mayoría de esas historias terminan mal. Al cronista le gustaría escribir una historia de travestis que pudiera salir en las secciones de deportes, cultura o política, o en el suplemento de ciencia, pero es difícil escribir sobre travestis y no volver, otra vez, a la página de policiales. Un collage de recortes de diario pegados en cartulina durante una protesta en La Matanza colecciona los titulares que hablan de ellas, aunque casi siempre ni eso, hablan de ellos: “Hallan cadáver de travesti”, “Lo detienen acusado de matar, quemar y mutilar a un (sic) travesti”, “Matan a machetazos en la cabeza a un (sic) travesti”, “Denuncian que asesinaron a 105 travestis en cinco años”, “Siete puñaladas a un (sic) dirigente travesti”, “Paso del Rey: hallan cadáver de travesti”. Las comisarías, los penales, los hospitales y la morgue son los lugares donde los periodistas buscamos información la mayoría de las veces que tenemos que escribir la historia de una travesti, y ni siquiera en esos lugares podemos encontrarlas con nombre propio: “Estoy buscando información sobre una persona que está internada ahí –explica el cronista a la enfermera del hospital Mi Pueblo de Florencio Varela–. Su nombre legal es J. M. Robledo”. La J con la que abreviamos aquí no es por Johana. Hubiera sido inútil decir ese nombre, que no consta en ningún documento.

La enfermera nos pasa con la jefa del servicio, que nos confirma que Johana está en una sala de cuidados intermedios. Mucho más no puede decirnos. La historia de cómo llegó a necesitar una cama en el hospital enfrentará el relato de su familia y amigas con la versión de la policía.

Empecemos por lo que nadie discute: Johana vivía con su pareja en el partido de La Matanza. Hubo un asalto en la casa de la familia. Dos jóvenes armados entraron a robar y le dispararon a su cuñado. El 7 de agosto, la policía fue a buscar a Johana a la casa de su madre y la llevó detenida, acusada de “homicidio en ocasión de robo, en grado de tentativa”. El primer lugar donde la alojaron fue la DDI de San Justo. De allí fue a la comisaría 5ª de Don Bosco y luego al penal de Varela, de donde finalmente la trasladaron al hospital donde está ahora. Acá empiezan los desacuerdos.

Según Bety, su hija –durante la entrevista, comenzará diciendo “mi hijo”, luego dirá “mi hija” y cambiará del masculino al femenino y viceversa varias veces– había declarado como testigo y se había ofrecido a identificar a los asaltantes y marcar las casas desde un patrullero. “Eso le jugó en contra, porque empezaron a preguntarse cómo sabía dónde vivían y terminaron pensando que era cómplice, cuando ella estaba ahí y fue una de las víctimas”.

–¿Cómo conocía a los asaltantes? –le preguntó este diario.

–Yo también los conozco, son pibes del barrio, fueron a la misma escuela que mi hija y son conocidos de la familia a la que asaltaron. Lo que pasa es que la suegra de Johana la acusó a ella de haber entregado la casa. Yo fui a hablar con la secretaria de la fiscal y me dijo que habían agarrado a los sospechosos y que ellos la habían involucrado. Pero después me enteré de que era mentira, porque los pibes no estaban detenidos –dice la madre.

“Ella fue víctima del robo y declaró como testigo, pero aunque fuera culpable de algo, eso no justificaría jamás que no reciba asistencia médica. Las condiciones en las que estuvo detenida son lisa y llanamente una forma de tortura”, denuncia Diana Sacayán, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación.

Cuando la policía se llevó a Johana, ella estaba con mucha fiebre. Los médicos, en plena paranoia por la gripe A, le habían recetado Tamiflú, pero debía realizarse estudios para confirmar qué tenía y hacer reposo absoluto. “Estuvo cinco días esposada en un patio interior de la DDI, con fiebre, sin comer, sin tomar nada caliente y sin recibir atención médica. Cuando el abogado la fue a ver, salió horrorizado por el estado en el que la encontró. Ahí, cuando vieron al abogado, la trasladaron a la comisaría 5ª de Don Bosco”, denuncia Bety.

“Acá estuvo sólo 48 horas, hasta que hubo cupo para ese tipo de personas (sic) en la comisaría donde se lo (sic) trasladó. Pero, acá, toda persona que entra por un delito pasa por el médico a las dos horas, sin excepción”, aseguró el comisario inspector Bonet, de la DDI de San Justo, en comunicación telefónica con este diario.

–¿Y qué informó el médico? –preguntó este diario.

–No lo recuerdo, pero consta en la causa.

En la comisaría 5ª, la oficial Fernández primero pregunta de dónde sacamos la información, “porque un (sic) travesti, acá...”, pero luego reconoce: “Ya recuerdo quién es”. Dice que ella misma le dio la medicación: ibuprofeno y un antibiótico, “creo que Optamox”.

“En esa comisaría la tuvieron un mes y, si bien la vio un médico, nunca le hicieron los estudios, ni siquiera una placa, y nunca mandaban una receta para comprar los medicamentos. La única vez que me avisan que el médico le indicó una medicación, paso a buscar la receta y, cuando estoy yendo a la farmacia, veo que es de un traumatólogo y que no es para ella. Así que vuelvo, les muestro y me dicen que entonces no hay nada, que es la única receta que tienen. Cuando yo la iba a ver, estaba siempre toda mojada, bañada en transpiración por la fiebre que tenía”, afirma la madre.

El oficial González, superior de Fernández, asegura que la historia clínica de Johana consta en el expediente judicial, que padecía una neumopatía “de la que se curó” y que el juzgado de garantías estuvo siempre al tanto de la medicación que recibía. Según González, la trasladaron a “una unidad carcelaria que cuenta con la asistencia necesaria”.

“La llevaron al penal de Varela. Nadie nos informó nunca quién había dado la orden, pero supuestamente la trasladan porque no tenían más lugar en la comisaría”, dice Bety.

–¿En el penal recibió atención médica?

–Le daban ibuprofeno, nada más. Y los médicos del penal decían que no tenía nada, que estaba nerviosa. Pero ella no se podía mantener en pie. Me decían que estaba en Sanidad. ¿Qué Sanidad? ¡La tenían en una celda maloliente al lado de un inodoro! También pasó un tiempo esposada al aire libre, durmiendo encima de unos cartones.

–¿Y cómo llegó al hospital donde está ahora?

–Las compañeras de Johana me llevaron a hacer una exposición a La Plata, denunciando el estado en el que se encontraba mi hija. Ella estaba cada vez peor y me decía que no podía más, que se moría. Ahí intervino una diputada y a los cinco minutos la estaban llevando a un hospital.
Este diario se comunicó con el despacho de la diputada provincial Laura Berardo, de Libres del Sur, y sus asesoras confirmaron que la legisladora habló con Fernando Díaz, jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, para reclamar que Johana recibiese atención médica urgente, al tomar conocimiento del grave estado de salud en el que se encontraba, y que ese mismo día fue trasladada al hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela. Las asesoras de la diputada, sin embargo, aclaran que desconocen si el traslado se debió a esas gestiones o si fue una decisión de la Justicia.
Johana no tenía gripe A ni una simple neumopatía: tenía tuberculosis. Su madre explica que en el hospital le detectaron la infección y le extrajeron varios ganglios y líquido de los pulmones. “La doctora me dijo que la recibieron en un estado deplorable, anémica, con bajo peso, con falta de sodio y de potasio y con la infección demasiado avanzada. Si la hubieran atendido a tiempo, no estaría en este estado. Ahora está gravísima. Esto es abandono de persona”, denuncia. El juez que interviene en la causa concedió a Johana una excarcelación extraordinaria y, según afirman sus compañeras, la resolución judicial reconoce que “el Estado no fue capaz de brindarle la asistencia médica adecuada durante su detención”.

En el hospital se excusan de hacer declaraciones:

“Lo que los médicos tenían que decir ya se lo dijeron a la madre”, respondió a Crítica de la Argentina la doctora Gabriela Matos.
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