Aunque un informe presentado recientemente por la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), reveló que cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar cuando son víctimas de violencia doméstica, los índices de este flagelo no han decrecido; los más de 700 feminicidios registrados durante el 2009 en Guatemala, 314 en El Salvador y 181 en Honduras, ubican a Centroamérica como una de las regiones con más altos índices en el mundo.
Por Mayra Rodríguez
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en este país, registró un incremento del 79 por ciento, en los últimos seis años, en los casos de muertes violentas de mujeres, afirmando que el 2009 cerró con un promedio diario de dos féminas asesinadas y afirmó que las instituciones encargadas de velar por la seguridad no están capacitadas para atender los casos de quienes buscan ayuda. “Cuando llegan a poner denuncias, los cuerpos policiales, por ejemplo, las cuestionan, no las toman en serio” expresó el Ombudsman Sergio Morales.
En esto coincide la CONAPREVI, que afirma que, pese al incremento de las denuncias de mujeres víctimas de violencia, las resoluciones en los juzgados no tienen una respuesta adecuada. A criterio de Hilda Morales, directora de ese organismo, hay una debilidad latente en todo el sistema de justicia para responder, eficientemente, a las 64 mil 355 denuncias que por esa causa ingresaron el pasado año al Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial.
“Los Estados están fracasando en su deber de garantizar los derechos de la ciudadanía, en particular de las mujeres, en prevenir la violencia lo mismo que en investigar, acusar y castigar a los culpables de los crímenes”, afirmó Carlos Castresana, abogado español ex titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, quien renunció al cargo tras ser instigado por grupos vinculados al crimen organizado, según trascendió.
Una nota de la AFP publicada por un medio local, que rescata estas declaraciones del jurista español en el marco del lanzamiento en Costa Rica de una campaña de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres, sostiene que la altísima impunidad que prevalece en la región favorece el aumento de la violencia y advirtió que es necesario declarar los delitos de violencia contra la mujer de acción pública, que los Estados deben perseguir de oficio, y conceder el derecho de acción penal a la víctima y a terceros “con interés legítimo”, como las asociaciones civiles de defensa de la mujer.
Castresana también defendió la idea de promover una convención penal internacional para armonizar la legislación sobre la materia y reducir de ese modo la impunidad que, actualmente, facilita este tipo de violencia en muchos países del mundo.
Sobre ello, Gladis Ollas de la Defensoría de la Mujer de la PDH, opina que todos los casos relacionados con este flajelo, desde la aprobación del decreto 22-2008 de la Ley contra el Feminicidio, tendrían que tipificarse como delito; sin embargo el “vacío legal es su falta de aplicación” por lo que es importante seguir trabajando en la sensibilización de los operadores de justicia y ayudar a las mujeres víctimas a romper el silencio.
Nora Coloma, de la Pastoral de Mujer y Justicia de Género del Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala y de la Mesa Nacional del CLAI, expresó que están promoviendo la implementación de un diplomado sobre Género, Justicia y Participación Ciudadana, en colaboración con el Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala, con el que se propone dotar de herramientas, métodos y experiencias para superar las situaciones de violencia y promover la participación activa de las mujeres en la defensa de sus derechos.
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Publicado por ALC Noticias el 22 de Julio de 2010
http://www.alcnoticias.net/interior.php?lang=687&codigo=17450
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