Despenalización del aborto / A favor
Por Vilma Ibarra (*)
La penalización del aborto como problema de salud pública y de derechos humanos de las mujeres no es nuevo, ni lo son las iniciativas de legisladores y legisladoras nacionales, de diferentes bloques, que consideramos necesaria una nueva regulación que termine con las consecuencias de la clandestinidad del aborto. En los últimos 25 años se presentaron alrededor de 40 iniciativas al respecto, todavía sin resolución.
El bloque Nuevo Encuentro que integro presentó un proyecto propio y también acompañó el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el entendimiento de que la sanción de una ley que regule y garantice desde el Estado el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo es una política pública imprescindible para garantizar el ejercicio de sus derechos a las mujeres y para coadyuvar a terminar con la morbilidad y la mortalidad materna.
La importante proporción de muertes prevenibles que surgen relacionadas con la clandestinidad del aborto y que agravan las tasas de morbimortalidad materna de nuestro país y sus desigualdades entre jurisdicciones, deberían permitirnos reflexionar sobre los efectos evitables de la penalización del aborto.
El 17 de junio de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió la Resolución 11/8 sobre la mortalidad y morbilidad materna prevenible y los derechos humanos. Allí el Consejo resolvió:
-Expresar grave preocupación por la tasa mundial inaceptablemente alta de mortalidad y morbilidad materna prevenible? y que, en el ámbito mundial, la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre las mujeres y niñas en edad reproductiva.
-Reconoce que la mayoría de los casos de mortalidad y morbilidad materna son prevenibles y que supone un problema de salud, desarrollo y derechos humanos.
Asimismo, fueron numerosos, a lo largo del tiempo, los compromisos asumidos ante organismos internacionales por nuestro país y las recomendaciones recibidas vinculadas con la legislación sobre aborto vigente como obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres.
Estamos planteando que esta vulneración del derecho a la vida y a la salud de las mujeres es evitable, que es producto de la criminalización. La práctica clandestina del aborto aumenta la morbilidad y las muertes maternas, mientras que la despenalización y regulación del acceso al aborto significó, en los países que lo han llevado a cabo, una fuerte reducción de las mismas, sin que ello determine el aumento de las tasas anuales de ocurrencia de abortos. Así ha pasado en países como Suiza, que despenalizó el aborto en el año 2001 sin que la evolución de la tasa anual de abortos mostrara un aumento.
Es decir, la sanción de la ley que impulsamos no origina, ni promueve la práctica del aborto, y, en cambio, su aplicación conjunta con la ley 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y la ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual, permite recorrer el camino por todos deseado, el que conduce a la prevención de la ocurrencia de abortos y de muertes de las mujeres.
Si analizamos la magnitud del problema hoy, con la legislación que está vigente , según el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se estima que se producen alrededor de 460.000 abortos clandestinos por año y esta circunstancia, como se mencionó, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y fuente de desigualdad entre las mujeres de las distintas provincias.
Considerando las causas de mortalidad materna en nuestro país, la incidencia del aborto inseguro en la tasa es alta, representa el 21% de todas las causas. Es decir, la despenalización evitaría, por lo menos, el 21% de todas las muertes maternas causadas directamente por abortos. Y evitaría que murieran las mujeres de provincias más pobres, ya que mientras que la tasa promedio en Argentina es de 4.0, en provincias como Formosa o Jujuy la tasa de mortalidad materna trepa a 11.5 y 10.0, respectivamente, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires es 3 veces menor al promedio . Consideremos esta situación en el contexto de otras realidades. Se ha estimado que, con variaciones entre los países, ocurren entre 83 y 250 muertes por cada 100.000 abortos. Pero, en promedio, en los países donde el aborto es legal, la cifra es de 0,6 por cada 100.000 interrupciones del embarazo, según la Organización Mundial de la Salud.
En cuanto a la morbilidad, brevemente, el aborto, luego del parto normal, es una de las principales causas de internación de mujeres en edad fértil en los servicios de ginecología y obstetricia, consecuencia de abortos incompletos y/o complicaciones. La despenalización y la regulación del acceso al aborto, permitiría prevenir muchas de las 59.960 hospitalizaciones, contando sólo las instituciones del subsector estatal que sucedieron en el año 2007.
Como quedó evidenciado, las mujeres en nuestro país recurren al aborto aunque ello pueda significarles, en condiciones de clandestinidad, y particularmente en la población más vulnerada, desde problemas de salud hasta la muerte, además de consecuencias legales.
En efecto, las condiciones de inseguridad que genera nuestra legislación para su práctica no guiaron su conducta. Lo que sí ha provocado la penalización del aborto es una gran desigualdad entre aquellas mujeres que tienen recursos para acceder a una prestación segura, oportuna y asistida pese a la ilegalidad, y aquellas otras que son registradas en estadísticas como las mencionadas, o cuyas historias privadas se hacen públicas por las páginas de los diarios que dan cuenta de los obstáculos que, funcionarios del sistema judicial o el propio sistema de salud, les ponen para acceder aún a los abortos permitidos hoy por la ley.
Es imprescindible que la revisión de la legislación sobre el aborto se instale definitivamente en la agenda legislativa en Argentina. En tal sentido, son auspiciosos tanto el acompañamiento por más de 50 diputadas y diputados al proyecto de la Campaña Nacional, como el trabajo que las organizaciones sociales, juristas, académicos, medios de comunicación y profesionales de la salud están haciendo para dinamizar y reforzar los consensos necesarios para el impulso de los proyectos existentes.
La ley que proponemos asume que la criminalización no reduce el número de abortos y que éstos se practican sin los cuidados profesionales, éticos y humanos que corresponden, y establece, en consecuencia, una política pública de acceso regulado, igualitario, gratuito, informado y acorde a los avances científicos y a los derechos y garantías constitucionales, a la interrupción voluntaria del embarazo, no para promoverla, sino acompañada de políticas públicas preventivas con el objetivo de evitar embarazos no deseados, daños a la salud y muertes, sobre todo en adolescentes y mujeres humildes, siempre primeras víctimas de la desigualdad.
(*) La autora es diputada nacional por el bloque Nuevo Encuentro.
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Publicado por La Nación el 5 de Octubre de 200
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1311714
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