Ciudad de México es el primer territorio de América Latina donde el matrimonio entre homosexuales es legal. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 21 de diciembre de 2009 las reformas que reconocen el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse y adoptar niños.
Matrimonio sin discriminación
- ¡Sí se pudo! ¡Derechos iguales a lesbianas y homosexuales! ¡Ya tenemos ley! ¡Ya tenemos ley! exclamaban activistas congregados en la cámara legislativa del Distrito Federal mexicano el 21 de diciembre. Esa tarde, luego de tres horas de intenso debate entre los grupos parlamentarios de izquierda y de derecho, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó, con 39 votos a favor, 20 en contra y cinco abstenciones, el proyecto de ley del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que “dos personas”, independientemente de su orientación sexual, puedan contraer matrimonio en la capital mexicana.
La iniciativa de matrimonio gay llegó a la plenaria del congreso local con el respaldo abierto de más de 400 organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Gobierno del Distrito Federal (GDF), y el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida).
Una semana antes de la aprobación las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, Derechos Humanos y Equidad de Género habían acordado introducir en el artículo 391 del Código Civil capitalino –que regula la adopción– el enunciado: “no procede la adopción cuando los cónyuges o concubinos sean del mismo sexo”, que luego fue revocado el día de la votación final.
Hoy, el artículo 391 establece: “Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de ellos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años de edad cuando menos. Se deberán acreditar, además, los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior”.
La diputada Marisela Contreras (PRD), presidenta de la Comisión de Salud de la ALDF, solicitó reservar el artículo 391 y eliminar la restricción respecto a la adopción, argumentando de que se trataba de una “incongruencia” para la izquierda política y generaría mayor discriminación contra el colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (LGBTI). La propuesta de la asambleísta fue aprobada con 31 votos a favor, 24 en contra y nueve abstenciones.
En la capital de la República habrá matrimonio universal. Se prevé que el nuevo marco jurídico en el Distrito Federal entre en vigor en marzo de 2010. Entonces, cualquier pareja tendrá derecho a casarse o a ser reconocida por la figura legal de concubinato y podrá acceder a la adopción de niños.
Derecha política e iglesias se unen contra derechos homosexuales
Durante el debate parlamentario, el derechista Partido Acción Nacional (PAN) arguyó que el matrimonio es una institución “milenaria” y “natural” a la cual no deberían acceder las lesbianas y los homosexuales, pues, según los diputados de esta fuerza política, sólo la heterosexualidad garantiza el futuro del Estado, a través de la reproducción de la especie. Fue a propósito de ese debate también que por primera vez se pronunciaron a favor de la Ley de Sociedades de Convivencia (LSC), figura jurídica aprobada en 2006 en el Distrito Federal que permite la unión entre personas del mismo y diferente sexo.
Luego de que fueran aprobados los cambios pertinentes a los artículos del Código Civil del Código de Procedimientos Civiles, la bancada del PAN solicitó, sin éxito, al jefe de gobierno del Distrito Federal, el perredista Marcelo Ebrard, vetar el nuevo marco jurídico. El Ejecutivo local publicó las reformas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2009. Bajo el argumento de defender a la familia mexicana –formada por padre, madre e hijos–, la derecha anunció que buscará el modo de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El clero católico inmediatamente protestó. El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, calificó el avance del colectivo LGBTI como “una ley mala y perversa para el Distrito Federal, que no fue consultada; la gente de nuestro México no pudo expresarse sobre esta materia que se está legislando, se legisla en contra de la institución familiar, esa familia está siendo golpeada con estas leyes y lo más terrible es que con estas leyes se pretende ignorar los derechos fundamentales de los niños”.
El prelado aseguró, en nombre de la jerarquía católica, que “respetamos profundamente y amamos verdaderamente a nuestros hermanos que tienen tendencias diferentes, sus derechos humanos siempre deben ser salvaguardados, pero no se puede pretender que sean familia, no puede pretenderse el que adopten a niños que tienen verdaderos derechos de tener un padre y una madre”. Agregó que el Partido de la Revolución Democrática es un “instrumento del maligno”.
El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, calificó la nueva ley como una “estupidez”. Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, declaró: “yo nunca he visto perros que mantengan relaciones sexuales entre el mismo género”. Asimismo, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, consideró que “la adopción es la cosa más absurda: daña profundamente a los posibles adoptados porque les distorsiona totalmente su capacidad de identidad. No saben con quién identificarse; no saben si van a ser hombres o mujeres o qué. Psicológicamente hablando, todo mundo está de acuerdo en que un ser humano en sus primeros años necesita la figura del padre y de la madre, hombre y mujer”.
A la postura de la jerarquía eclesiástica se sumaron iglesias evangélicas. Así, el Colegio de Abogados Católicos y la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas anunciaron la conformación del Frente Ecuménico de México, el cual, ya acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar que la institución inicie un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.
Defensa de la laicidad
La bancada del PRD en la ALDF exigió al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont, imponer sanciones a los jerarcas religiosos que han violado la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al iniciar desde el púlpito una campaña en contra de las reformas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Los legisladores del DF citaron que de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución mexicana, “los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.
Gómez Mont contestó al PRD que “las iglesias, como instituciones sociales importantes, tienen su voz, pero no puede suprimir la pluralidad que existe en México frente a otras instituciones e a otros organismos. Es una voz relevante y hay otras que deben ser escuchadas. Nuestro deber es que todas puedan expresarse con seguridad, con libertad, en un concierto democrático de diálogo, no de exclusión”.
Por su parte, el titular del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, respaldó la decisión del legislativo local. El mandatario dijo que la moral de una Iglesia no puede ser fundamento de una ley, pues “somos un estado laico”.
En tanto, la diputada federal Enoé Uranga (PRD) criticó que los derechos humanos de lesbianas y homosexuales en la capital estén siendo rehenes de los intereses electoreros de la jerarquía católica y de los partidos políticos, así como de las creencias religiosas del Secretario Fernando Gómez Mont, ya que violentan el Estado laico.
Uranga, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó, refiriéndose al consenso social que llevó a esta reforma jurídica, que las organizaciones de la sociedad civil “defenderán los matrimonios sin discriminación y el fortalecimiento el Estado laico, lo que incluye la obligación de procurar que el tema no sea rehén de los cálculos electores de candidato o partido político alguno".
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Publicado por CLAM el 19 de Enero de 2010
http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=%5FBR&infoid=6305&sid=21
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